Entre los desafíos actuales de las políticas habitacionales desplegadas en la Cuenca Matanza Riachuelo resulta central una mirada enmarcada en las características propias de cada territorio que logre resultados social y ambientalmente sustentables.
Desde el ordenamiento territorial, ACUMAR busca coordinar las diferentes acciones en la Cuenca con una mirada integradora, interdisciplinaria y con el objetivo principal de poner en valor la calidad social, económica y ambiental de la vida en los asentamientos humanos localizados en la Cuenca Matanza Riachuelo.
La implementación de estas propuestas, que integran el carácter social del proceso de producción del hábitat, implica:
- la promoción de procesos participativos,
- el diseño desde una perspectiva de integralidad y multidimensionalidad,
- un abordaje de la singularidad que atienda a las trayectorias y necesidades tanto individuales como colectivas de las poblaciones involucradas en cada proceso,
- y la atención a las capacidades y experiencias generadas en la construcción social del hábitat por cada población involucrada.
Para concretar y poner en ejecución estas líneas de intervención, en el año 2010 se firmó el “Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, segunda y última etapa”.
Lo suscribieron el Estado Nacional, a través de la ex Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda -hoy Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ACUMAR, y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz y Merlo.
En el convenio se comprometen a brindar solución a 17.771 familias en situación de riesgo ambiental y social, a través de soluciones habitacionales, donde el universo de familias a atender fue definido por cada una de las jurisdicciones participantes. Establece, además, las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados, la cantidad de soluciones habitacionales para cada municipio y los barrios a los que serían destinadas.
En 2021 se sancionó la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda que incluye el financiamiento necesario para la reactivación de obras de vivienda social. A partir de su sanción, las autoridades del Ministerio han previsto la puesta en marcha de los Programas “Reconstruir” y “Casa Propia“, a través de los cuales las jurisdicciones presentan las estimaciones necesarias para garantizar la terminación de las obras en carácter de declaración jurada y presentar los respectivos proyectos que serán evaluados. Una vez otorgadas las factibilidades técnicas correspondientes, podrán licitar, firmar convenios particulares, contratar y ejecutar.
