Prevenir, recomponer y mejorar, es la tarea
En 2006 se publicaba la Ley 26.168 que creaba la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, atendiendo a la preocupante situación ambiental del río Matanza Riachuelo y su entorno.
Esta ley era consecuencia de la demanda cursada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocida como “Causa Mendoza”. En 2004, un grupo de vecinas y vecinos de Villa Inflamable, en Avellaneda, reclamaron para que se hiciera efectivo su derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En esta demanda -dirigida contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas- pedían por la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Luego, la acción judicial incluyó a los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la Cuenca.
ACUMAR, el organismo público que ejerce su competencia en la región y trabaja en su saneamiento, se constituyó así en un ente con ciertas particularidades: es autónomo, autárquico, interjurisdiccional -la Cuenca abarca 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y 9 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y tripartito -conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, Provincia y Ciudad-.
Dos años después de la ley de creación del organismo, el 8 de julio de 2008, la Corte dictó un fallo histórico en el que responsabilizó a los tres estados demandados por el deterioro de la Cuenca e intimó a ACUMAR a delinear un plan de saneamiento.
En 2009, ACUMAR diseñó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que contempla un abordaje integral y define acciones cuyos objetivos son: mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Cuenca, recuperar el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y tierra), y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción.
El PISA es el documento que guía el trabajo del organismo, permitiendo el accionar coordinado entre los distintos actores que trabajan para resolver las problemáticas de la región. Fue elaborado en 2009 y actualizado en 2010 y 2016, resultado del trabajo de especialistas, del consenso entre las jurisdicciones afectadas y de las complejidades del territorio.
