La implementación de la política de relocalizaciones en la Cuenca ha presentado abordajes muy dispares según cada jurisdicción. Existieron experiencias virtuosas de participación y construcción de acuerdos para lograr mudanzas con un gran impacto en la mejora de la calidad de las familias, así como experiencias de mudanzas forzosas sin ningún tipo de participación y con resultados patentes de empobrecimiento de la población afectada. De este modo, en su generalidad, la política de relocalizaciones desatadas a partir de la Causa Mendoza continúa generando nudos de tensión que reflejan hasta qué punto en algunos procesos se ha dado lugar a la prevalencia de la cuestión ambiental por sobre la atención a los sectores sociales que han sido históricamente afectados por esa crisis ambiental. Así, se vuelve necesario garantizar una perspectiva de abordaje nacida del reconocimiento de los derechos de la población afectada.
En este sentido, es necesario aplicar una política que atienda a la complejidad del proceso en sus tres etapas: antes, durante y después de la mudanza. Así, cada relocalización requiere de un armado institucional que permita abordar todas las dimensiones sociales, culturales y económicas afectadas por la mudanza, así como la conformación de equipos territoriales que acompañen la integralidad del proceso y profundicen en los niveles de participación de la población involucrada.
Por esta razón, ACUMAR busca promover un modelo con perspectiva de derechos que garantice un abordaje integral y atento a las singularidades de cada grupo poblacional afectado, de modo de lograr que cada relocalización contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias involucradas. Mediante lineamientos y especificaciones, así como un acompañamiento técnico y monitoreo permanente de las actuaciones de cada equipo local, se apunta a lograr que cada Unidad Ejecutora cuente con las adecuadas herramientas técnicas y con el armado institucional necesario para la ejecución de relocalizaciones en cada territorio afectado.
La perspectiva del enfoque social del hábitat y de derechos se refleja en la institucionalización de los protocolos de relocalización que abordan todas las dimensiones –sociales, culturales y económicas– de las personas afectadas por la mudanza, atendiendo a la complejidad del proceso en sus tres etapas (antes, durante y después del traslado).